Autor
Gilles Michaud
Subsecretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad
Ocupo el cargo de subsecretario general de las Naciones Unidas encargado de la seguridad del personal de la ONU en todo el mundo. En la práctica, eso significa ayudar a decenas de miles de trabajadores humanitarios a desarrollar su labor en algunos de los lugares más peligrosos del mundo actual: zonas de conflicto, Estados frágiles y entornos en los que la violencia es implacable y evoluciona rápidamente.
Para desempeñar mi trabajo, me baso en marcos normativos, uno de los cuales es el Derecho internacional humanitario.
Conocido a menudo como las «leyes de la guerra», el Derecho Internacional Humanitario(DIH) es el conjunto de normas destinadas a limitar el coste humano de los conflictos armados. Su objetivo es proteger a los civiles, al personal humanitario, al personal médico y a otras personas que no participan en los combates, así como establecer límites a la forma en que se libran las guerras. En esencia, el DIH se basa en una idea sencilla: el concepto de moderación, incluso en tiempos de guerra.
Estas normas no surgieron de la noche a la mañana. Aunque la idea de que la guerra debe estar sujeta a restricciones aparece en diversas culturas y tradiciones religiosas a lo largo de la historia, el derecho internacional humanitario moderno se fue configurando como respuesta a la devastación causada por los conflictos de los siglos XIX y XX. Los Convenios de Ginebra, adoptados en 1949, junto con sus protocolos adicionales, constituyen hoy en día la columna vertebral de este marco jurídico. Se encuentran entre los tratados más ratificados del mundo.
El Derecho Internacional Humanitario se basa en varios principios fundamentales. Las partes en un conflicto deben distinguir entre combatientes y civiles. Los ataques deben ser proporcionados, lo que significa que no deben causar un daño excesivo a la población civil en comparación con la ventaja militar esperada. Las partes deben tomar precauciones para reducir el riesgo para la vida y los bienes de la población civil. Y cualquier persona herida, capturada o que ya no participe en las hostilidades debe recibir un trato humano. En conjunto, estos principios tienen por objeto preservar el sentido de la humanidad en la conducción de la guerra.
Estos principios son claros. Sin embargo, hoy en día, en los conflictos de todo el mundo, se ignoran cada vez más o se violan abiertamente.
En los últimos siete años que llevo desempeñando mi cargo actual, he sido testigo de un cambio profundo y preocupante. Las violaciones del derecho internacional humanitario han aumentado en número y gravedad. Aún más preocupante es que estas acciones se lleven a cabo abiertamente, a menudo sin ningún intento de ocultarlas y con total impunidad. Y cuando empecé, la gran mayoría de estos ataques eran perpetrados por grupos armados no estatales. Hoy en día, nuestros colegas sobre el terreno se ven cada vez más amenazados también por Estados miembros y grupos asociados; los mismos Estados miembros que profesan su adhesión al derecho internacional humanitario.
Las consecuencias son inmediatas y trágicas.
En mayo de 2024, en Gaza, un vehículo humanitario de las Naciones Unidas identificado como tal fue alcanzado en la parte trasera por un artefacto explosivo lanzado desde un tanque militar mientras se dirigía al Hospital Europeo de Rafah, lo que causó la muerte de un miembro del personal del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas e hirió a otro.
En marzo de 2026, en Goma, en la República Democrática del Congo, un ataque con drones alcanzó un barrio residencial, causando la muerte de una empleada de UNICEF en su domicilio, donde había estado trabajando para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual.
En mayo de 2026, en Ucrania, un vehículo identificado como perteneciente a las Naciones Unidas, que formaba parte de un convoy humanitario totalmente coordinado, fue alcanzado dos veces seguidas por dos drones con visión en primera persona, lo que provocó daños irreparables en el vehículo y puso fin abruptamente a la misión. Afortunadamente, no hubo heridos, ya que los ocupantes pudieron abandonar el vehículo dañado antes del segundo impacto.
Estos incidentes no son casos aislados. Forman parte de una tendencia general en la que la noción de protección de los trabajadores humanitarios se está viendo cada vez más mermada.
Esta erosión del respeto por el Derecho Internacional Humanitario se ve agravada por la difusión de información errónea y desinformación, a veces fomentada o amplificada por actores estatales. Cuando se presenta falsamente a las organizaciones humanitarias como parciales o ilegítimas, como ocurre en Gaza, los efectos son inmediatos. El personal se enfrenta a mayores riesgos de seguridad, se restringe el acceso a las comunidades y se socava la confianza. La confianza, una vez perdida, es extremadamente difícil de recuperar.
Esto ocurre en un momento en el que la financiación destinada a la respuesta humanitaria está disminuyendo, a pesar de que las necesidades a nivel mundial van en aumento. Los recursos destinados a la seguridad también se ven cada vez más mermados. Esta combinación pone de manifiesto un fracaso generalizado a la hora de mantener el compromiso político y moral necesario para proteger a la población civil y a quienes le prestan asistencia.
Esta es la realidad a la que se enfrenta hoy en día el trabajo humanitario, que se desarrolla en un contexto de amenazas cada vez mayores, recursos cada vez más escasos y garantías jurídicas cada vez más débiles.
En respuesta a ello, nos hemos visto obligados a adaptarnos, a menudo de forma complicada. La tolerancia al riesgo en las operaciones de las Naciones Unidas ha aumentado considerablemente; de lo contrario, morirían miles de personas. Las decisiones que he tenido que autorizar desde 2022 en contextos como los de Sudán y Haití habrían sido inconcebibles hace tan solo unos años. El personal humanitario está trabajando en entornos que, en otras circunstancias, habrían obligado a suspender las operaciones.
Al mismo tiempo, la cooperación se ha convertido en algo esencial. El intercambio de información en tiempo real, la puesta en común de recursos de seguridad y la defensa coordinada de los intereses son ahora fundamentales para garantizar la seguridad de las personas. La solidaridad ante las dificultades ya no es opcional. Es necesaria.
Igualmente importante es realizar un análisis más preciso y dar una respuesta más rápida. Debemos anticiparnos a los riesgos, adaptarnos rápidamente a las amenazas cambiantes y tomar decisiones difíciles en tiempo real. Estas decisiones no son abstractas. Afectan a personas, familias y comunidades, y acarrean consecuencias independientemente del camino que se elija.
Esta labor ha estado marcada por momentos profundamente dolorosos, tragedias que nunca deberían haber ocurrido, junto con ejemplos conmovedores de valentía y compromiso. En las circunstancias más difíciles, los trabajadores humanitarios siguen demostrando los valores que definen su misión: humanidad, valentía y compasión.
Pero se merecen algo más que palabras de elogio. Se merecen protección.
Las familias de quienes han perdido la vida necesitan algo más que condolencias. Se merecen que se rindan cuentas.
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, he instado en repetidas ocasiones a los Estados miembros a que demuestren el valor y el liderazgo necesarios para invertir las tendencias actuales. El respeto del Derecho internacional humanitario no es opcional. Es una obligación jurídica y un imperativo moral.
El derecho internacional humanitario se encuentra en una situación crítica. Su supervivencia dependerá de las decisiones que tomen ahora los dirigentes estatales y de su voluntad de actuar antes de que el daño sea irreversible.
Gilles Michaud es subsecretario general de Seguridad de las Naciones Unidas, cargo que ocupa desde julio de 2019.
Carnegie Council para la Ética en los Asuntos Internacionales es una organización independiente y no partidista sin ánimo de lucro. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición de Carnegie Council.
