Audiencia de la Corte Internacional de Justicia. CRÉDITO: Fotografía de las Naciones Unidas.

Corte Internacional de Justicia. CRÉDITO: Fotografía de las Naciones Unidas.(CC)

24 de enero de 2024 - Artículo

La guerra de Gaza y el ocaso de la moral internacional

Este mes, el gobierno de Sudáfrica dio el extraordinario paso de acusar a Israel de "genocidio" contra los palestinos por su campaña militar en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sus partidarios aclamaron la medida de Pretoria como una heroica defensa del derecho internacional y de los valores liberales sumidos en la hipocresía de Estados Unidos, mientras que sus críticos han rechazado categóricamente que las acciones israelíes alcancen el umbral del genocidio, llegando incluso a afirmar que tales acusaciones están motivadas por el antisemitismo. 

Sin embargo, todo este acalorado debate sobre el supuesto racismo arraigado de cada bando y la teoría jurídica internacional oculta una verdad mayor: el poder y la autoridad del derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial dependían de un monopolio sobre su interpretación del que disfrutaba Estados Unidos como principal hegemón del mundo. En la posguerra, a pesar de que el propio Washington no reconocía la jurisdicción de los tribunales internacionales, el derecho internacional se convirtió en una herramienta de la diplomacia estadounidense y se utilizó sistemáticamente como arma para maximizar el poder global de Estados Unidos. Pero en el mundo actual, cada vez más multipolar, el recurso a estas herramientas discursivas ya no es dominio exclusivo de Washington y sus aliados, sino que está al alcance de otras potencias competidoras que tratan de promover sus distintos intereses geopolíticos.

En los 75 años transcurridos desde que la ONU ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el destino y la autoridad de los derechos humanos y el derecho internacional nunca han sido más precarios que ahora. Tanto las dimensiones ontológicas de las trágicas guerras de Ucrania y Gaza como la emotiva respuesta internacional a las mismas han revelado que el derecho internacional es más una herramienta retórica bastardeada al servicio de la política que un límite práctico y autorizado para garantizar una conducta ética interestatal.

A pesar de los llamamientos omnipresentes, casi reflexivos, a las nociones de "derechos humanos" y "crímenes internacionales" tanto durante la guerra como durante la paz, que los han convertido en el lenguaje moral dominante de la Modernidad en la era de la posguerra, el suelo bajo el que se asientan está temblando. En ningún lugar es más evidente esta evolución que en el contexto de la guerra entre Israel y Gaza, en la que cada bando y su ejército internacional de partisanos y guerreros de teclado psicológicamente investidos han instrumentalizado el espectro del "genocidio" para declarar la victoria moral y demonizar y silenciar a sus críticos (una iteración anterior, menos extendida, de esto también ocurrió en la guerra ruso-ucraniana, con bandos opuestos acusándose mutuamente de limpieza étnica y crímenes de guerra).

Sin embargo, a pesar del aluvión de culpas y acusaciones, el enorme número de víctimas de la guerra entre la población civil es una realidad que ha continuado, a pesar de que la pausa humanitaria temporal ha llegado a su fin y no se vislumbra un alto el fuego en el horizonte. Tras más de 100 días de guerra, 25.000 gazatíes han muerto y millones están desplazados y carecen de productos de primera necesidad, como alimentos y agua, daños colaterales de la venganza de Israel contra Hamás por su atroz atentado terrorista del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 civiles israelíes y otros 240 fueron tomados como rehenes. Pero aunque el gobierno de unidad de Netanyahu, dominado por los extremistas, puede ser criticado por las consecuencias de sus tácticas de tierra quemada en la caza de Hamás, y aunque los expertos advierten de que la catástrofe humanitaria en Gaza no hará sino empeorar, es justo decir que la libre aplicación de un lenguaje acusatorio cargado de moral, como "crímenes de guerra" y "genocidio", no ha sido productiva ni ha hecho avanzar la causa de la paz.

Además, debido a años de énfasis rutinario en los derechos humanos como herramienta principal de su política exterior (incluso justificando la agresión militar y el cambio de régimen en su nombre como "responsabilidad de proteger"), el bloque occidental liderado por Estados Unidos aparece ahora ante el resto del mundo como oportunistas que sólo aplicarán selectivamente sus normas de Nuremberg para avanzar en sus objetivos geopolíticos instrumentales. O peor aún, aparecen como hipócritas que nunca creyeron en las normas morales universales en primer lugar, sino que simplemente las convirtieron en armas para lograr la hegemonía mundial. Por lo tanto, la apelación habitual al poder retórico de términos como "genocidio" y "crímenes contra la humanidad" no sólo los desnaturaliza y les quita su significado histórico real, sino que también los politiza inevitablemente, ya que la naturaleza incoherente y contradictoria de su uso los convierte en meros insultos y ataques políticos, aumentando el riesgo de escalada.

Junto con su decreciente credibilidad, los llamamientos al derecho penal internacional carecen del efecto disuasorio o del poder moral para poner fin a las hostilidades que podrían pretender quienes los propugnan. Además, aunque hay casos, como el de Siria, en los que las grandes potencias -especialmente en Occidente, como bastión del orden basado en normas- han iniciado ostensiblemente investigaciones formales sobre presuntas violaciones sistemáticas del derecho internacional recurriendo a instituciones internacionales o a su propio ordenamiento jurídico interno, estos preceptos supuestamente universales sólo se mantienen cuando no contradicen los intereses geopolíticos vitales de estos Estados. E incluso entonces, a menudo son sólo de procedimiento. Al fin y al cabo, en los raros casos en que se producen tales investigaciones, ningún organismo mundial tiene el poder inherente de procesar al criminal y hacer cumplir la sentencia.

Pero, sobre todo, el recurso a la retórica legalista-internacionalista ha demostrado ser ineficaz y contraproducente porque opera desde un marco universalista e ideológico que ya no se ajusta a las realidades de las relaciones internacionales. La Gran Transición -causadapor el fin de la unipolaridad estadounidense y la reacción mundial contra los valores universalistas que sustentaba el poderío estadounidense- anuncia el fin del "orden basado en normas" tal y como lo conocemos. A medida que nos adentramos en aguas más inexploradas, debemos ser vigilantes y realistas sobre el nuevo entorno en el que nos encontramos y redefinir el papel de la ética en él.

Para dar sentido a las trágicas incertidumbres que nos aguardan, debemos volver a la historia en busca de perspectiva. En primer lugar, el orden internacional de posguerra siempre fue una anomalía muy dependiente del estatus de Estados Unidos como superpotencia mundial y de la naturaleza particularmente abominable de la persecución nazi de los judíos. El término "genocidio" se acuñó específicamente para subrayar las atrocidades nazis contra los judíos: se evitó deliberadamente cualquier referencia a los crímenes japoneses o soviéticos, por ejemplo, para no estropear su lugar como pecado original sobre el que se iba a establecer el nuevo orden mundial.

Además, la Carta de Nuremberg y la invención del derecho penal internacional tras la Segunda Guerra Mundial personificaron la "justicia del vencedor". A pesar de sus particulares raíces históricas en el holocausto, su universalismo se basaba en una estructura de poder internacional que, tanto en su forma bipolar como unipolar, encarnaba la Pax Americana. Como dijo célebremente el general estadounidense Curtis LeMay sobre el uso estadounidense de bombas nucleares contra Japón: "Si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido procesados como criminales de guerra".

Tanto el realismo político como el realismo de las relaciones internacionales señalan la naturaleza anómala y altamente contingente del orden de posguerra y su marco legalista. A diferencia de las normas meramente informales que podrían mediar en diversos tipos de relaciones sociales, el derechoestá intrínsecamente unido a la soberanía de una autoridad política determinada. Tiene un dominio natural sobre la esfera doméstica. Sin una autoridad soberana nacional que la dote de jurisdicción y la faculte para juzgar, hacer cumplir y castigar a los infractores, las leyes no son más que textos arcanos. Necesitan poderes de policía y la capacidad de utilizar la violencia y la fuerza para tener autoridad.

El ámbito internacional, por su parte, es fundamentalmente anárquico, es decir, carece de soberano. Con tendencia a la pluralidad y la multipolaridad, el ámbito internacional es el escenario en el que múltiples potencias (o soberanos) rivales tratan de promover sus intereses individuales, normalmente dentro de sus regiones específicas. En tiempos normales, ningún Estado disfruta del monopolio de la fuerza a escala mundial; ninguna ley formal es autoritaria y obligatoria para todos. Lejos de ser un orden premeditado, se trata de un ecosistema múltiple y multivectorial formado por diversos actores que interactúan de forma a menudo caótica y dinámica.

La construcción del orden internacional liberal (u orden basado en normas), con su puro idealismo y su deseo racionalista de proyectar la ley y el orden internacionalmente mediante el planteamiento, la codificación y la institucionalización del comportamiento interestatal a través del "derecho internacional", fue una clara aberración. Dependía de que Estados Unidos se convirtiera efectivamente en el soberano del mundo como hegemón global y poseedor de la autoridad moral tras la destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial, debido tanto al deterioro de varias potencias mundiales como a la indignación colectiva por las atrocidades de los nazis. Hizo formales, técnicas y objetivas las convenciones informales y consuetudinarias que habían tardado siglos en surgir entre las naciones europeas, conocidas como el derecho de gentes(jus gentium). El nuevo orden mundial universalizó los valores occidentales (especialmente los angloprotestantes) como "derechos humanos", reservándose Estados Unidos el derecho a ser su árbitro y ejecutor último.

Ese "orden" se ha acabado. Estados Unidos ya no es el único árbitro del derecho internacional porque su relativo declive como gran potencia y el ascenso de grandes y medianas potencias en el Sur Global han creado un terreno de juego más equilibrado en el que -a falta de una autoridad superior que promueva ciertas interpretaciones y rechace otras- cada uno puede reivindicar su propia interpretación subjetiva de la ley como igualmente justa. Resulta revelador que Vladimir Putin explotara el mismo derecho humanitario contra la limpieza étnica que se utilizó para legitimar la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia en 1999 para racionalizar la invasión rusa de Ucrania, enmarcándola, como era de esperar, en la "responsabilidad de proteger" a los rusoparlantes de Ucrania del genocidio.

Es más, ya no son sólo los actores estatales los que participan en estos juegos lingüísticos "genocidas". Dada la profunda polarización, la escasa confianza pública y la crisis general de autoridad en la que están sumidas la mayoría de las sociedades occidentales hoy en día, especialmente en relación con la política exterior, donde décadas de guerras interminables han mermado la credibilidad de los Estados, también los civiles utilizan ahora fácilmente el "genocidio" como arma. Algunos incluso se oponen a la política oficial del establishment político, como demuestra la forma en que el discurso progresista sobre Palestina ha chocado con el firme e inequívoco apoyo militar de la administración Biden a Israel.

Es importante señalar que el abandono de la unipolaridad y la erosión del derecho internacional no se traducirán automáticamente en un mundo más violento e inestable. Cualquier medida contra una mayor politización e instrumentalización de la retórica del "genocidio", como se sugiere aquí, es un primer paso hacia la creación de un espacio alejado del juego de culpas y de los ataques verbales moralistas para una ética global neutral desde el punto de vista de los valores que promueva enfoques estratégicos basados en los intereses que sean más propicios para la paz y la resolución de conflictos.

Un enfoque limitado a la búsqueda del interés nacional también puede ser compatible con una conducta ética de la guerra que intente minimizar las bajas civiles. También exige una reflexión prudente sobre los objetivos más amplios de la acción militar. En el caso de la guerra de Israel contra Gaza, por ejemplo, el restablecimiento de la seguridad física y ontológica mediante la erradicación de Hamás es el objetivo primordial claro y racional, aunque lograr la eliminación total de un grupo guerrillero pueda resultar tan imposible en la práctica como lo fue para Estados Unidos su propio objetivo de purgar a los talibanes. Pero si lo que se busca es la disuasión, renunciar a una estrategia de ataque quirúrgico y paciente contra Hamás en favor de lo que el Presidente Biden ha denominado "bombardeo indiscriminado" de Gaza con bombas tontas no guiadas que dejan a la gente con muy poco que perder parece especialmente desacertado.

La guerra no sólo ha destruido la reputación internacional de Israel y cualquier buena voluntad que hubiera recibido del resto del mundo tras los ataques del 7 de octubre, sino que también muestra cómo Israel ha ignorado voluntariamente la lección principal de la guerra de Estados Unidos contra el terror: que derrotar a los insurgentes armados y al terrorismo requiere una estrategia política más que militar. Y, sin embargo, con más y más acusaciones públicas de genocidio lanzadas contra él, Israel parece haber redoblado su actual política fallida de poner en peligro las vidas de más civiles de Gaza y las de sus propios soldados. Este no es el comportamiento de un actor racional y seguro de sí mismo, sino que más bien indica la presencia de una mentalidad de asedio que le hace creer que sus críticos simplemente odian su existencia en lugar de oponerse a sus políticas.

Este prejuicio contra un mundo exterior que se considera en gran medida antagónico y el consiguiente sentimiento de asedio y aislamiento son los principales impulsores de la identidad israelí y del sentido de excepcionalidad, exacerbado por el recurso habitual de los políticos israelíes a la política de inseguridad desde los Acuerdos de Oslo. Esta inseguridad ontológica fundamental y esta actitud psicológica defensiva se desencadenan fácilmente cuando desde el exterior se utiliza un lenguaje genocida contra Israel, lo que le lleva a abandonar la razón y a redoblar el militarismo cuando quizá la diplomacia serviría mejor a sus intereses nacionales a largo plazo.

En un momento en el que es fundamental persuadir a Israel de que una solución política negociada con los palestinos es la única forma de garantizar su seguridad a largo plazo, el uso y abuso global de la retórica del genocidio supone un importante escollo para establecer un diálogo adecuado con Israel a través de canales bilaterales y minilaterales que podría salvar vidas. Cualquier crítico del actual enfoque israelí de la guerra sería más sensato si hiciera hincapié en los intereses nacionales de Israel basados en el cambiante equilibrio de poder en la región, en lugar de apelar a argumentos humanitarios y legalistas que no hacen más que demonizar al Estado israelí.

Lo que los comentaristas internacionales de los bandos pro-Israel y pro-Palestina pasan categóricamente por alto es el hecho de que el derecho internacional nunca fue independiente de la política del poder, sino una función específica de su ejercicio moderno. No es sólo que el derecho internacional se politice de forma rutinaria, sino que siempre fue una quimera, un vicario del poder mundial indiscutible de Estados Unidos. Hoy en día, cualquier actor -ya sea internacional o nacional- puede utilizar estas herramientas retóricas moralistas para hilar públicamente narrativas específicas para su propia maniobra geoestratégica y política, al igual que Washington ha hecho durante décadas. Pretender que la CIJ posee una autoridad legítima sobre los conflictos internacionales de la que carece (a falta de un nuevo hegemón global que le preste su poder coercitivo y exegético) no hace avanzar la causa de la justicia o la paz internacional; la convierte en una burla y permite que todo el mundo recurra al equívoco, la mojigatería y la propaganda.

Carnegie Council para la Ética en los Asuntos Internacionales es una organización independiente y no partidista sin ánimo de lucro. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición de Carnegie Council.

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