Una conversación con Ruth Nashipae Muigai, becaria de ética de Carnegie

¿Hubo algún momento que despertara tu interés por la ética en tu vida profesional o personal?

Mis primeras lecciones de ética no las aprendí en las aulas. Las aprendí de mi familia, al crecer en el África subsahariana, donde el comportamiento ético se modelaba a diario a través de la disciplina y la afirmación silenciosa de lo que se consideraba correcto. Desde muy joven, desarrollé un fuerte sentido de la moral.

Esa claridad comenzó a resquebrajarse en mi adolescencia. Al crecer dentro de la comunidad masái, me enfrenté a prácticas que eran culturalmente aceptadas e incluso defendidas, pero que me resultaban profundamente inquietantes. Entre ellas se encontraban la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz. Estas prácticas se justificaban por la tradición y se reforzaban con las normas patriarcales. Me costaba mucho conciliar cómo algo tan ampliamente aceptado podía parecerme tan profundamente injusto. Fue durante este periodo cuando llegué a una conclusión decisiva: la popularidad no confiere legitimidad moral.

Esa idea marcó el rumbo de mi vida. Me dediqué al derecho no solo para entender los sistemas jurídicos, sino para cuestionar las normas injustas y cambiarlas. Seguí estudiando y obtuve una maestría en derechos humanos y derecho internacional en la Universidad de East London con una beca de la Commonwealth. Esa diferencia entre el derecho y la realidad se convirtió en el centro de mi investigación ética. Quería comprender cómo cambian realmente las normas, cómo se abordan las conversaciones éticas difíciles, cómo se llegan a compromisos y cómo surgen soluciones en contextos políticos y sociales complejos. Mi trabajo me llevó al mundo académico, donde impartí clases en la Universidad Católica de África Oriental, y más tarde al servicio público, donde formé a funcionarios gubernamentales en la Escuela de Gobierno de Kenia. Con el tiempo, una lección quedó clara: la concienciación por sí sola no conduce a la acción.

Para lograr un cambio significativo, consideré necesario involucrarme directamente en el poder. Fui elegida secretaria general adjunta de un partido político, donde trabajé en temas de igualdad de género, defensa de los derechos humanos y responsabilidad política. Ese camino me llevó más tarde a ser nombrada por un expresidente directora de una empresa estatal, lo que me convirtió en la mujer más joven de la historia del Centro de Genética Animal de Kenia en ocupar ese cargo. Posteriormente, formé parte de los consejos de administración de organizaciones cuyo objetivo era promover los derechos humanos en África.

Estas funciones me enseñaron que el progreso ético rara vez es sencillo. La resistencia es inevitable, los reveses son reales. El cambio exige paciencia, negociación y persistencia. Mi interés por la ética no surgió en un momento concreto. Se formó a través de experiencias vividas en la intersección entre la cultura, la injusticia y la ley. Y sigue evolucionando.

¿Cómo te enteraste de la beca Carnegie Ethics Fellowship y por qué pensaste que sería adecuada para ti?

Me enteré de la existencia de la beca Carnegie Ethics Fellowship a través de un mensaje de LinkedIn del Carnegie Council Ethics in International Affairs. Lo que me llamó la atención no fue simplemente el prestigio del programa, sino su enfoque en abordar dilemas del mundo real en lugar de quedarse en el nivel de la teoría abstracta.

Ese énfasis refleja fielmente mi propia trayectoria profesional. Mi trabajo siempre se ha desarrollado en la intersección entre el derecho y el cambio social. Estos espacios en los que se plantean cuestiones éticas rara vez son claros y casi nunca teóricos. La beca parecía ofrecer un entorno estructurado en el que agudizar el razonamiento ético al tiempo que se afrontaban los tipos de compensaciones y limitaciones que definen la toma de decisiones en la práctica.

Igualmente atractivo era el acceso a los recursos intelectuales de Carnegie y a una comunidad global de becarios. La perspectiva de aprender junto a profesionales que abordan la ética desde diversos puntos de vista me parecía no solo enriquecedora, sino esencial. En ese sentido, la beca no solo se ajustaba a mis intereses, sino que reflejaba mi forma de abordar las cuestiones éticas y prometía profundizar ese compromiso de manera significativa.

Eres la fundadora y directora ejecutiva de The Gender Initiative. ¿Cómo creaste esta organización y cuáles son sus objetivos?

La Iniciativa de Género comenzó como un proyecto de la Beca Mandela Washington. En 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos me concedió la beca. Mi trabajo se centró en la intersección entre género, derecho y políticas públicas. La organización aborda el género como una cuestión jurídica, social y de gobernanza, más que como un tema de defensa independiente. Su misión principal es promover la igualdad de género mediante una investigación rigurosa, una formación específica y una defensa estratégica.

Uno de los proyectos insignia de la organización es el Informe sobre 50 feminicidios 2024-2025, un análisis en profundidad de 50 casos de feminicidio en Kenia. El informe documenta las vidas de 50 mujeres, las circunstancias de sus muertes y las fallas sistémicas que siguieron. Examina los factores sociales que impulsan la violencia, las deficiencias en la aplicación de la ley y las dimensiones de salud mental que rodean estos casos y que a menudo se pasan por alto.

El objetivo no es simplemente documentar el daño, sino exigir responsabilidades. Al humanizar las estadísticas y basar los debates políticos en experiencias vividas, The Gender Initiative busca informar la reforma y presionar al Estado para que afronte la violencia de género con la urgencia que requiere.

Trabajas intensamente en temas relacionados con la igualdad de género y el clima, y actualmente estás cursando un máster en Derecho Ambiental. ¿Qué conexiones entre estos campos suelen pasarse por alto?

El vínculo entre la igualdad de género y el cambio climático no es una mera correlación. Se trata de una relación de causalidad, concretamente, un agravamiento del daño a través de la legislación, el poder y el acceso a los recursos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el debate mundial reduce a las mujeres a víctimas pasivas que necesitan protección. Este enfoque no solo es inexacto, sino también peligroso. Oculta la realidad de que el cambio climático es una crisis de género determinada por las estructuras legales y las prioridades políticas. También oculta el potencial de las mujeres para liderar las soluciones que determinarán si las comunidades sobreviven o se derrumban.

Crecí en Kajiado, Kenia, una región semiárida donde la crisis climática no es una amenaza abstracta. Cuando las lluvias fallan, la carga de la supervivencia recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y las niñas. El agua se convierte en una mercancía, no en un derecho. La comida se convierte en una ración, no en una garantía. Y las instituciones que deberían proteger a las mujeres y las niñas se derrumban bajo la presión de la escasez.

Sin embargo, el derecho internacional y las políticas climáticas suelen tratar el género como un complemento, una casilla que hay que marcar, en lugar de una perspectiva estructural a través de la cual se debe entender la crisis. El Plan de Acción de Género de la CMNUCC ha sido criticado en repetidas ocasiones por carecer de mecanismos concretos de financiación y aplicación, a pesar de que destaca la necesidad de integrar el género en la acción climática. La realidad es que los efectos del clima no se distribuyen de manera uniforme porque la vulnerabilidad no se distribuye de manera uniforme. La vulnerabilidad se diseña a través de la legislación y las políticas. Esto se puede observar cuando se niega a las mujeres el derecho a la tierra, se las excluye de la toma de decisiones o se las deja fuera de los presupuestos nacionales que dan prioridad al desarrollo industrial sobre la protección social.

La Recomendación General n.º 37 del Comité CEDAW es explícita: el cambio climático intensifica prácticas como el matrimonio infantil, la violencia de género y la negación de la educación y los derechos reproductivos de las niñas. Esto no es teórico. En 2023 y 2024, informes procedentes del Cuerno de África y el Sahel documentaron un aumento de los matrimonios precoces, ya que las familias trataban de reducir los gastos domésticos ante la sequía y la pérdida de cosechas. La lógica es brutal, pero sencilla. Cuando la supervivencia es incierta, las niñas se convierten en una forma de moneda de cambio. El colapso climático acelera la opresión de género.

Otra conexión que se pasa por alto es que las mujeres están excluidas de la mesa donde se elaboran las leyes sobre el clima. Las políticas climáticas son elaboradas por los ministerios de energía, finanzas e infraestructura. Las mujeres suelen estar ausentes de esos espacios. Incluso cuando están presentes, sus perspectivas se consideran secundarias frente a las consideraciones técnicas y económicas. Sin embargo, las leyes sobre el clima no solo se refieren a las emisiones. También se refieren a los derechos sobre la tierra, el acceso a la financiación, la migración, la respuesta a los desastres y la gobernanza de los recursos naturales.

Los recientes avances en la COP29 celebrada en Bakú han puesto de relieve la importancia fundamental del género en la acción climática. Las partes prorrogaron el Programa de Trabajo de Lima Mejorado sobre Género por otra década y acordaron elaborar un nuevo Plan de Acción sobre Género para la COP30. Las decisiones reconocieron a las mujeres como beneficiarias clave de la financiación climática y agentes esenciales de la adaptación, la gestión de los recursos y las transiciones justas. Sin embargo, estas victorias coexisten con retos persistentes: déficits de financiación, deficiencias en la aplicación y preocupaciones sobre la representación de las mujeres en las estructuras de gobernanza. Las críticas iniciales al comité organizador de la COP29, compuesto exclusivamente por hombres, pusieron de relieve las barreras estructurales que impiden a las mujeres influir en las políticas destinadas a protegerlas.

La conexión que se pasa por alto es clara: la justicia climática es justicia de género. El cambio climático es el resultado de las relaciones de poder desiguales entre países e industrias. La desigualdad de género es el resultado del poder desigual dentro de las comunidades e instituciones. Cuando ambos se cruzan, el resultado es una crisis ecológica y social. Mientras cursó mi máster en Derecho Ambiental, mi compromiso es salvar esta brecha. Contribuir a garantizar que la legislación climática no solo mitigue las emisiones, sino que también desmantele las desigualdades estructurales y reconozca a las mujeres como arquitectas centrales del cambio.

¿Qué has aprendido sobre ética y liderazgo en la beca que has aplicado a tu vida profesional?

Una de las lecciones más valiosas ha sido una evaluación honesta del coste de la ética. El liderazgo ético a menudo requiere concesiones, compromisos estratégicos y paciencia. El momento oportuno es importante. La forma en que se plantea un problema puede determinar si avanza o se estanca.

También he aprendido la importancia de los estilos de comunicación y la coherencia a la hora de tratar con las personas tal y como son, sin perder de vista mis principios fundamentales. La ética no tiene que ver con la pureza moral, sino con el compromiso sostenido, la negociación y la disciplina para seguir apareciendo, incluso cuando el progreso parece incremental. Esas lecciones han moldeado directamente mi forma de abordar el liderazgo.

Carnegie Council para la Ética en los Asuntos Internacionales es una organización independiente y no partidista sin ánimo de lucro. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición de Carnegie Council.