Justicia y economía mundial

Introducción de Joel H. Rosenthal

Globalización. La mera mención de esta palabra hace que uno no quiera seguir leyendo. Pocas veces una palabra de moda ha suscitado tanta atención con tan poco consenso sobre su importancia o significado. Esta es solo una de las razones por las que he omitido la palabra del título de esta conferencia. Las demás razones tienen que ver con la insuficiencia del concepto en sí mismo, su carácter global y su extraña capacidad para dar cuenta de todo y de nada. Lo que quiero hacer en esta conferencia es examinar un aspecto de la moda de la globalización: la integración económica. Más concretamente, quiero analizar qué significa el proceso de integración económica global en términos de justicia social. ¿Está contribuyendo el capitalismo global a mejorar el bienestar de todos aquellos a quienes afecta? ¿Cómo se gobierna esta «nueva» economía mundial? ¿Se necesitan nuevas estructuras para apoyarla, dirigirla y, tal vez, reorientarla? Y, por último, ¿cómo explicamos la creciente importancia de los actores no estatales, especialmente las organizaciones no gubernamentales y las empresas multinacionales? ¿Desempeñan estos actores no estatales algún papel en la promoción de una economía mundial más justa?

En lo que respecta a una evaluación ética, debemos tener en cuenta dos posibles objetivos de nuestra investigación. En primer lugar, está el propio sistema del capitalismo global: la estructura de sus mercados, sus instituciones, sus normas y reglamentos. ¿Son justas estas estructuras y normas? ¿Generan resultados éticamente deseables? ¿Necesitan una reforma? En segundo lugar, están los actores que forman parte de este sistema; me refiero a los organismos internacionales, los gobiernos nacionales, las empresas, los sindicatos y las ONG. ¿Actúan estos actores de una manera éticamente deseable, dadas las estructuras en las que operan? ¿Con qué criterios debemos juzgar su comportamiento? Al abordar este debate, debemos entender que tanto la estructura de la economía mundial tal y como la conocemos hoy en día como los actores que la integran merecen una evaluación y un escrutinio éticos minuciosos.

Globalización: ¿la estamos entendiendo bien?

Se pueden recopilar todo tipo de estadísticas para demostrar cómo el mundo está hoy más integrado que nunca. La información (impulsada por la tecnología de los medios de comunicación e Internet), los riesgos para la salud, la contaminación, el transporte y la cultura popular se han combinado para hacer que el mundo sea más pequeño en términos de tiempo, espacio y percepción. Esta integración también se percibe en el ámbito económico. Los tipos de interés y de cambio ya no están controlados exclusivamente por los gobiernos nacionales. Los flujos de capital se mueven con una intensidad cada vez mayor, sin que en muchos casos exista ninguna fuerza que los frene, salvo la de los inversores que buscan maximizar la rentabilidad. Las economías están interrelacionadas de formas nuevas y complejas que, de hecho, podrían ser irreversibles.

Quizá sean precisamente la velocidad, la profundidad y la irreversibilidad lo que resulta tan nuevo e intrigante de la globalización. Porque, como todos sabemos, la globalización en sí misma no es, desde luego, un fenómeno nuevo. Los exploradores marítimos de los siglos XV y XVI podrían haber señalado con razón que el mundo se estaba haciendo más pequeño, que se estaba extendiendo una cultura común y que se estaba acabando el aislamiento geográfico y político. Lo que hoy resulta diferente puede ser la magnitud misma de este cambio. En su reciente libro sobre la política exterior de EE. UU., *Six Nightmares*, el exasesor de seguridad nacional de Clinton, Anthony Lake, escribe: «La globalización es como el tiempo. Simplemente es así. Podemos intentar comprenderla mejor. Podemos esforzarnos por predecir su curso. Pero si no sacamos el máximo partido a estas fuerzas de cambio, ellas se impondrán sobre nosotros».

Lo que Lake quiere decir es que, si nos esforzamos lo suficiente, podemos dirigir y aprovechar las fuerzas de la globalización; si no para «hacer el bien», al menos para construir refugios que nos protejan de la lluvia y el frío inevitables que esta traerá consigo. Sin embargo, Lake también afirma que no podemos cambiar de forma sustancial la naturaleza fundamental de la globalización. Quizá debamos preguntarnos si esta es la percepción correcta. ¿Queremos aceptar que las fuerzas de la globalización —especialmente sus aspectos económicos— son, en esencia, irreversibles e inmutables? La opinión de Lake representa la visión convencional que impera hoy en día en Washington y Wall Street. También fue una premisa subyacente importante de la política exterior de Clinton (¡más sobre esto en la próxima clase!).

El periodista Thomas Friedman explica la naturaleza de la economía mundial mediante una analogía con Internet. Afirma: «Todo el mundo está conectado, pero nadie está al mando». De forma indirecta, Friedman plantea la cuestión ética de la agencia. ¿En quién recae la responsabilidad? ¿Quién es responsable de la estructura de las instituciones del sistema económico mundial? ¿Alguien puede identificar los puntos débiles del sistema? Aquí volvemos a las preguntas que acabo de plantear en la introducción. ¿Cómo evaluamos el sistema en sí mismo y cómo evaluamos a los actores que lo integran?

Friedman intenta responder a estas difíciles preguntas ofreciéndonos dos ejemplos de cómo funciona actualmente la economía mundial. En un artículo del *New York Times* titulado «El hombre de Moody’s», Friedman explica cómo es probable que, hoy en día, el visitante extranjero más importante para un país en desarrollo ya no sea un representante de una nación poderosa como Estados Unidos ni un miembro influyente de la Unión Europea. No, es probable que el visitante más importante sea un delegado de la agencia de calificación crediticia Moody’s o de Standard & Poor’s, que analizará la situación económica actual de ese país y, a continuación, le asignará una calificación crediticia. Esa calificación determinará entonces si ese país podrá atraer capital en el mercado libre. Es precisamente esta capacidad de atraer capital lo más importante. Y es el mercado económico mundial el que lo determina, no necesariamente la decisión de los gobiernos.

En un segundo artículo en esta misma línea, Friedman analiza otra fuerza poderosa: la de las empresas multinacionales. Comienza la columna hablando de su reciente viaje a Washington para reunirse con un influyente ejecutivo llamado Bill. Bill tiene un poder sin precedentes para dirigir el capital e influir en la evolución de los negocios. Los gobiernos de todo el mundo buscan su favor, y sus decisiones sobre dónde invertir y dónde no tienen efectos duraderos en el desarrollo empresarial local. Los lugares en los que Bill decide hacer negocios obtienen, inevitablemente, mejores resultados que aquellos que decide pasar por alto. Los que figuran en su lista pasan a formar parte de una red mundial de economías relativamente prósperas. Los que quedan fuera se quedan atrás. El Bill de Washington al que se refiere Friedman no es Bill Clinton, de Washington D. C. No, el Bill que le interesa es Bill Gates, presidente de Microsoft Corporation, en Redmond, Washington. La conclusión inequívoca del artículo es que Bill Gates, como presidente de Microsoft, puede tener tanto o más poder que Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos. Quizá sea una hipérbole, pero sí que señala una tendencia importante en cómo el centro del poder puede estar desplazándose del gobierno hacia las empresas, especialmente las grandes, corporativas y multinacionales.

La inquietud que genera el desplazamiento del centro del poder se refleja en el título de un nuevo libro de Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives*(Un mundo fuera de control: cómo la globalización está transformando nuestras vidas). Es posible que algunos de vosotros reconozcáis a Giddens como la fuerza impulsora de la denominada «tercera vía» del primer ministro británico Tony Blair, un intento de encontrar un equilibrio entre el capitalismo de libre mercado sin restricciones y el socialismo tradicional. El economista político Robert Gilpin aborda este punto clave en su nuevo libro, *The Challenge of World Capitalism* (El desafío del capitalismo mundial). Esta es su idea fundamental y, de hecho, la conclusión de la ponencia que hoy les presento: «Los mercados, por sí mismos, no son ni moral ni políticamente neutros; encarnan los valores de la sociedad y los intereses de los actores dominantes». Quizá esto resulte obvio, pero es necesario reiterarlo: los mercados son una construcción social. Los mercados reflejan y encarnan los valores de las sociedades que los producen y mantienen. Como tales, también deberían estar sujetos a un escrutinio moral y a una revisión cuando sea necesario. Los mercados se ajustan continuamente, a menudo afectados de manera decisiva por fuerzas exógenas como la regulación gubernamental. Se establecen y modifican normas; se ofrecen incentivos a través de mecanismos como las desgravaciones fiscales, y se aplican desincentivos mediante sanciones como recargos y multas.

Como señala Gilpin, el reto de encontrar unas condiciones viables —y más justas— para el capitalismo global es de carácter político. Si los mercados son, en efecto, una construcción social, entonces corresponde a la sociedad establecer normas que produzcan resultados equitativos y justos. En otras palabras, el capitalismo global no debe considerarse una máquina que funciona por sí sola. Es necesario ocuparse de él. La principal preocupación de Gilpin respecto a la economía mundial actual es una preocupación compartida por muchos otros. ¿Está el sistema actual agravando la desigualdad económica mundial? ¿Se está haciendo cada vez más amplia y profunda la brecha entre ricos y pobres, entre quienes tienen y quienes no tienen? Y, de ser así, ¿no resulta esto a la vez injusto e imprudente? ¿No será, en última instancia, insostenible un mundo radicalmente dividido entre quienes son ricos y están conectados y quienes son pobres y quedan excluidos? Esta es la tesis del periodista Robert D. Kaplan, quien esboza un panorama aterrador de este problema en su libro *The Coming Anarchy*. Para Kaplan, el problema no es solo geográfico. Los ricos y los pobres conviven codo con codo, como se puede observar hoy en día en cualquier entorno urbano. Pero se aprecia que la división actual se da entre quienes están conectados a las riquezas de la economía mundial globalizada e interconectada y quienes no lo están; entre quienes tienen acceso a la riqueza, el poder, la educación y la información, y quienes carecen de ellos.

A la hora de evaluar la legitimidad moral de la economía mundial actual, la cuestión principal es la desigualdad global. Como señala Gilpin: «Aunque el capitalismo acaba distribuyendo la riqueza de forma más equitativa que cualquier otro sistema económico conocido, ya que tiende a recompensar a los más eficientes y productivos, también tiende a concentrar la riqueza y el poder». Así pues, aquí tenemos el problema central. Si bien la integración de la economía mundial puede estar ayudando, de hecho, a más personas en conjunto —al distribuir más riqueza entre más personas de forma más equitativa que cualquier otro sistema conocido—, al mismo tiempo también está concentrando la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Se trata de una tensión o paradoja inherente que requiere atención, al igual que el hecho de que estas fuerzas de integración también están agravando las diferencias entre quienes están conectados y quienes no lo están, con consecuencias desconocidas para el futuro.

En lo que respecta a nuestro análisis ético, las cuestiones planteadas anteriormente apuntan a la necesidad de evaluar más a fondo la estructura de la economía mundial, recientemente integrada y globalizada. ¿Cómo podría revisarse el sistema? ¿Se necesitan nuevas arquitecturas financieras y económicas para crear un sistema más justo? En primer lugar, debemos analizar más detenidamente si el sistema actual está funcionando.

¿Funciona el capitalismo global?

Gilpin responde «sí, pero»… Otros, como el economista político Ethan Kapstein, dicen «no». Kapstein ve un doble fracaso. El primer fracaso, mencionado anteriormente, es el problema del agravamiento de la desigualdad mundial. Pero la principal preocupación de Kapstein es de carácter sistémico y se centra en el ámbito interno. Examina lo que significa la globalización dentro de los países industrializados, concretamente para la clase trabajadora. Una vez más, nos encontramos con el problema de los ganadores y los perdedores, y ¿quién va a velar por los intereses de los perdedores?

En su artículo de Foreign Affairs, citado con frecuencia, titulado «Los trabajadores y la economía mundial», y en su reciente libro *Sharing the Wealth*, Kapstein escribe: «Justo cuando los trabajadores necesitan que el Estado-nación les sirva de amortiguador frente a la economía mundial, este les está dando la espalda». Especialmente en Estados Unidos, la política del Gobierno ha consistido en promover la globalización de la economía mundial, mientras que, al mismo tiempo, ha descuidado las necesidades de quienes más tienen que sufrir este proceso. Kapstein se remonta a la última gran transformación de la economía global: el final de la Segunda Guerra Mundial y la puesta en marcha del sistema de Bretton Woods. En aquel momento, señala Kapstein, se alcanzó un gran acuerdo entre los gobiernos y los trabajadores. Se establecería el libre comercio, pero junto con él vendría la red de seguridad social del Estado del bienestar. De este modo, se promovió una economía mundial recién globalizada, pero esta vino acompañada del establecimiento de estructuras que garantizaban ayuda a quienes se verían afectados negativamente por ella. Kapstein teme que las recientes iniciativas para promover la integración económica global no hayan prestado atención a la otra mitad del antiguo gran acuerdo de Bretton Woods.

Recordándonos que los sistemas económicos y los mercados son construcciones sociales —que no están predeterminados, ni son inevitables, ni son un don divino como el tiempo—, Kapstein escribe: «El punto de partida de cualquier iniciativa política es la afirmación normativa de que el objetivo adecuado de la política económica es mejorar la vida de la ciudadanía». A continuación, añade que cada país debe encontrar su propia combinación eficaz de políticas para abordar este objetivo, teniendo en cuenta su situación actual. En cierto sentido, Kapstein insta a los gobiernos nacionales a reafirmarse en este proceso de integración económica global. Quiere que estos gobiernos vayan más allá de limitarse a facilitar la integración como un bien absoluto, para, tal vez, dar forma y controlar el proceso con el fin de lograr resultados más positivos y más justos.

Gobernanza

Lo que hemos comentado hasta ahora podría resumirse con la frase: «El mercado es un buen sirviente, pero un mal amo». Kapstein, Gilpin y otros quieren recordarnos que es un error considerar al mercado como algo más que un sirviente. Quieren reafirmar la idea de que los mercados deben estar regulados. Los mercados necesitan normas, así como los medios para garantizar su cumplimiento.

El problema ético de la economía mundial tal y como la vemos hoy en día es, en palabras del economista del Banco Mundial Wolfgang Reinecke, que «las desigualdades de riqueza heredadas y las asimetrías en la división del trabajo siguen estructurando los mercados mundiales y, por ende, los resultados a nivel mundial». El primer paso natural para la regulación y las posibles reformas de esta deficiencia estructural es el Estado. Reinecke nos recuerda que, más allá de ser simplemente «el instrumento por excelencia de la coacción» y del orden en una sociedad, el Estado «también tiene el potencial de ser un poderoso instrumento de equidad, justicia y imparcialidad». Al igual que Kapstein, sostiene que los Estados deben imponerse. Sin embargo, también nos muestra que la desigualdad no es solo un asunto nacional. La desigualdad es hoy un fenómeno verdaderamente internacional, y ningún Estado puede actuar por su cuenta. En la actualidad, es imposible que cualquier gobierno nacional aplique una política económica nacional que no tenga en cuenta la presencia y las presiones muy reales de la economía mundial de la que forma parte.

Hacer frente a las economías mundiales, ahora globalizadas, exige nuevas formas de hacer negocios. Reniecke sostiene que se necesitan nuevas instituciones. Los nuevos actores tienen nuevas competencias y, por lo tanto, debemos hacer que desempeñen un papel más destacado en el proceso de gobernanza. Por ejemplo, organismos del sector privado como el Banco Mundial, el FMI, las empresas, los sindicatos y las ONG se encuentran a veces en mejor posición que los gobiernos nacionales para aplicar políticas públicas globales.

Así pues, aquí radica el quid de un nuevo problema. ¿Cómo gobernar esta nueva economía? ¿Podemos imaginar una gobernanza sin gobierno? Es decir, ¿podemos ceder autoridad a entidades ajenas al Estado, o al menos a varias instancias de distancia de este? ¿Cómo abordaríamos entonces la necesidad de rendición de cuentas, transparencia y representación democrática? ¿Cuál es la autoridad y la legitimidad democrática de algunos de estos grupos? Estas preguntas constituían el núcleo de los argumentos esgrimidos por los manifestantes más reflexivos que se dieron cita en la reunión de la OMC en Seattle y, posteriormente, en el Foro Económico de Davos y en las reuniones posteriores de la OMC celebradas en Praga.

La teórica política Anne Marie Slaughter afirma, en definitiva, que no hay que precipitarse: el Estado no está desapareciendo. Prefiere considerar la situación actual como una en la que se produce una desagregación de funciones, aunque la autoridad última sobre la mayor parte de la regulación sigue recayendo en el propio Estado. Así, por ejemplo, los tribunales, los organismos reguladores e incluso los órganos legislativos podrían reunirse para abordar cuestiones específicas —teniendo en cuenta las preocupaciones de las empresas, los sindicatos y las ONG—, pero el poder regulador nunca se cede realmente fuera del propio gobierno. Ella denomina a este proceso «transgubernamentalismo». El transgubernamentalismo se sitúa entre un internacionalismo liberal que hace hincapié en nuevas estructuras supranacionales y un nuevo medievalismo que destaca el fin del dominio del Estado-nación y una balcanización del poder. Un diagrama sencillo mostraría el transgubernamentalismo como una posición intermedia:

Internacionalismo liberal | Transgubernamentalismo | Nuevo medievalismo (nuevas instituciones supranacionales) (funcionalismo) (fin del Estado-nación)

Slaughter explica su concepto de la siguiente manera: «El internacionalismo liberal plantea la perspectiva de una burocracia supranacional que no rinde cuentas ante nadie. La nueva visión medievalista resulta atractiva tanto para los defensores de los derechos de los estados como para los supranacionalistas, pero podría reflejar fácilmente lo peor de ambos mundos. El transgubernamentalismo, por el contrario, deja el control de las instituciones gubernamentales en manos de los ciudadanos nacionales, quienes deben exigir a sus gobiernos que rindan cuentas tanto de sus actividades transnacionales como de sus obligaciones nacionales».

Slaughter concluye su argumento con la frase: «La gobernanza sin gobierno es gobernanza sin poder». Tiene razón al señalar la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y la legitimidad. Al hacer hincapié en la idea de que la gobernanza debe basarse, en última instancia, en un poder legítimo, nos devuelve a los principios básicos de la visión realista de la política mundial. Lo novedoso aquí es que, a medida que los problemas se vuelven cada vez más globales y complejos (en ámbitos como la protección del medio ambiente, por ejemplo), puede haber margen para un enfoque funcional a la hora de resolverlos. Es decir, a determinados organismos gubernamentales les convendría cooperar directamente con sus homólogos —así como con actores no gubernamentales, como las empresas y las ONG— para alcanzar soluciones. Esto no significa necesariamente que el poder se haya alejado del Estado, pero sí implica que este debe tener en cuenta más presiones contrapuestas que nunca, y que tal vez no pueda actuar de forma tan unilateral o monolítica como lo hacía en el pasado.

¿Powershift?

Si las normas y leyes de la economía mundial son, de hecho, una construcción social, tal y como hemos defendido, entonces debemos abordar el problema que plantea Slaughter: ¿quién gobernará y quién velará por su cumplimiento? La cuestión sobre la posibilidad de un declive del poder del Estado la plantea de forma muy notable Jessica T. Mathews en su artículo «Powershift», donde destaca la redistribución del poder entre los Estados, los mercados y la sociedad global. En el artículo, sostiene de forma convincente que, efectivamente, hay nuevos centros de poder con los que hay que contar. Cita datos como que «hoy en día, las ONG prestan más ayuda oficial al desarrollo que el sistema de las Naciones Unidas». También señala el creciente peso político de las ONG, como hemos visto en las exitosas campañas llevadas a cabo en defensa de las causas de los derechos humanos, el control de armamento (incluido, sobre todo, el tratado para prohibir las minas terrestres) y el reciente movimiento para establecer una Corte Penal Internacional.

Me parece indiscutible afirmar que estos nuevos centros de poder tienen un peso real a la hora de determinar la estructura de nuestra sociedad global tal y como la conocemos hoy en día. En otras palabras, además del Estado, contamos con actores que poseen un nuevo poder gracias a su capacidad para establecer normas e influir en el curso de los acontecimientos. Mathews lo expresa así: «Que el auge de los actores no estatales resulte en última instancia una buena o una mala noticia depende de si la humanidad es capaz de emprender un camino de rápida innovación social, tal y como hizo tras la Segunda Guerra Mundial». Entre las adaptaciones necesarias se incluyen un sector empresarial capaz de asumir un papel más amplio en las políticas públicas, ONG menos provincianas y más capaces de operar a gran escala, instituciones internacionales que puedan servir de manera eficiente a los dos amos —la ciudadanía y el Estado— y, sobre todo, nuevas instituciones y entidades políticas que estén a la altura del alcance transnacional de los retos actuales, al tiempo que satisfagan las demandas de los ciudadanos de una gobernanza democrática responsable».

Mathews nos deja reflexionando sobre las dos preguntas con las que comenzamos. ¿Cómo afecta la nueva realidad, caracterizada por una nueva constelación de actores, a nuestra evaluación del sistema económico mundial tal y como lo observamos hoy en día? ¿Lo evaluamos de forma diferente porque funciona de manera diferente? Y, en segundo lugar, ¿cómo valoramos entonces las decisiones de estos nuevos actores a la hora de dar forma a esta nueva economía mundial y participar en ella? ¿Podemos juzgar sus acciones según un conjunto de normas éticas?

Ética empresarial

¿Qué grado de papel normativo podemos esperar de los actores no estatales? ¿Podemos realmente esperar que grupos privados, como las empresas, contribuyan a establecer y hacer respetar los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos medioambientales? Las empresas son actores sociales únicos. Se crean para poner en común capital y reducir el riesgo. Su objetivo es obtener beneficios prestando servicios. Como ha señalado un comentarista, las empresas no son como las personas; «no tienen alma que condenar ni pantalones que patear».

Sin embargo, tal y como señalan quienes estudian la ética empresarial, las empresas son sujetos de derecho. La sociedad les concede ciertos derechos y privilegios. Gozan de una determinada condición jurídica ante la ley. Por lo tanto, parece lógico exigirles, a cambio de esos derechos, ciertas responsabilidades. Los derechos conllevan responsabilidades. No se conceden de forma gratuita.

Para empezar, no parece controvertido afirmar que, en la economía mundial globalizada actual, las empresas multinacionales disponen de un enorme margen de maniobra a la hora de establecer, hacer cumplir e incluso promover normas en materia de salarios o protección medioambiental. Esto sería especialmente cierto en ámbitos relativamente poco regulados en los que operan estas empresas, como los países menos desarrollados. De hecho, ninguna otra entidad, salvo las empresas multinacionales, cuenta con la flexibilidad, el capital y el alcance necesarios para influir en tantas personas en tantos lugares. Esto plantea inmediatamente dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo proceden las empresas a la hora de establecer normas? ¿Qué papel desempeñan en el proceso y con qué resultados? Y, en segundo lugar, ¿tienen las empresas responsabilidades extrajudiciales de respetar determinadas normas, incluso cuando la legislación no es clara o es inexistente?

Aquí llegamos a la distinción entre derecho y ética de la que ya hemos hablado. En mi opinión, el derecho es el mínimo moral codificado. Ofrece una orientación útil e importante, pero no es suficiente si lo que te preocupa es la ética. Que algo sea legal no significa necesariamente que sea ético. Pensemos, por ejemplo, en la reciente polémica sobre los indultos de Clinton. Según todas las fuentes, los indultos concedidos fueron totalmente legales. Sin embargo, muchos argumentarían que no fueron éticos. Aquí existe una brecha entre el derecho y la ética que no debe pasarse por alto.

Las empresas se enfrentan constantemente a situaciones en las que la ley no es clara, no resulta útil o, sencillamente, no existe. Por ejemplo, una empresa podría poseer materiales que se consideran residuos peligrosos en este país, pero no en otro. Sería legal exportarlos, pero ¿sería ético? Se pueden citar numerosos ejemplos en los que las normas del país de origen y del país de acogida son diferentes. El dilema para quien toma la decisión es qué conjunto de normas debe aplicarse. Este problema es especialmente grave en cuestiones salariales, así como en cuestiones medioambientales. Muy pocos discutirían que una empresa estadounidense deba pagar salarios estadounidenses cuando opera en un país menos desarrollado. Ni tampoco, tal vez, deba cumplir con las normas de la EPA y la OSHA en materia medioambiental y laboral. Sin embargo, nos queda el problema: ¿qué normas deben aplicarse? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las diferencias normativas no den lugar a situaciones de explotación? Esto es especialmente importante en zonas donde los gobiernos locales son ineficaces, corruptos o, sencillamente, poco colaborativos, incluso con las empresas que buscan una sociedad bien regulada en la que operar.

El ámbito de la ética empresarial nos ha proporcionado algunos conceptos y puntos de referencia que nos permiten establecer ciertas distinciones. Una de las más básicas e importantes es la distinción entre accionistas y partes interesadas. Al plantear esta cuestión, la mayoría de los especialistas en ética empresarial nos ofrecen una forma de considerar a la empresa como un actor social, responsable de cuestiones no jurídicas que se encuentran dentro de su ámbito de actividad. Es de conocimiento general que las empresas tienen responsabilidades para con sus accionistas. Como hemos señalado, las empresas existen para obtener beneficios, y los accionistas son la base sobre la que se sustenta la empresa. Pero también se puede argumentar que las empresas tienen obligaciones que van más allá de las que tienen para con sus accionistas. Estas obligaciones se referirían a las partes interesadas, es decir, a quienes se ven afectados por la actividad de la empresa en cuestión. Entre las partes interesadas se incluirían los empleados, los vecinos, los consumidores de los productos de la empresa y cualquier otra persona que se vea directamente afectada por las actividades de la empresa. Por lo tanto, quienes viven aguas abajo de una planta contaminante, o los empleados que prestan servicios en dicha planta, se considerarían partes interesadas. Las obligaciones que las empresas tienen para con las partes interesadas son objeto de un amplio debate. Pero el hecho de que las partes interesadas se consideren un objeto legítimo de deber ético supone un avance en la reflexión sobre la responsabilidad empresarial. Al pensar en una economía mundial globalizada, el concepto de «parte interesada» se está ampliando. Hasta qué punto podemos y debemos ampliar este concepto es otro tema más de debate.

Una segunda categoría útil para el análisis, basada en la distinción entre accionistas y partes interesadas, así como en la distinción entre país de origen y país de acogida, es el concepto de obligaciones positivas y negativas. ¿Qué se debería exigir a las empresas que hagan, en contraposición a lo que se les debería exigir que no hagan? Las obligaciones negativas se refieren a la obligación de no causar daño. Esto es bastante sencillo. Existen obligaciones de no explotar a los trabajadores (aunque los criterios sobre lo que constituye realmente explotación pueden ser objeto de debate) y de no contaminar. Los deberes positivos son más difíciles de definir y de cumplir. Por ejemplo, cuando las empresas se instalan en una comunidad, ¿existe la obligación de «hacer el bien», de aportar un cambio positivo? ¿Tiene la empresa la obligación de ser un buen ciudadano en la comunidad, aportando algo más allá de la actividad económica que genera y de los impuestos que paga? En caso afirmativo, ¿cómo se podrían establecer normas o directrices al respecto?

El especialista en ética empresarial Thomas Donaldson sostiene que los ejecutivos de las empresas deben asumir la responsabilidad de la pobreza, la injusticia y la discriminación en la medida en que estas se relacionen con su toma de decisiones. En otras palabras, no pueden eludir las consecuencias —directas o indirectas— de sus decisiones. En todos sus escritos, busca sensibilizar a los líderes empresariales sobre su papel, tanto como actores dentro de un sistema como en su calidad de artífices del sistema en el que actúan. Como mínimo, deben ser conscientes de las consecuencias de las decisiones que toman y asumirlas. Cuanto mayor sea su margen de maniobra, mayor será su responsabilidad. Si tienen la capacidad de propiciar un cambio positivo, tienen la responsabilidad de perseguirlo. En aquellos ámbitos en los que la necesidad limita la capacidad de elección, no quedan exentos de responsabilidad, pero deben tenerse en cuenta los factores atenuantes.

Conclusión

La economía mundial de principios del siglo XXI se caracteriza por la presencia de numerosos actores que han adquirido un nuevo poder. Entre ellos se incluyen organizaciones internacionales (Banco Mundial, FMI, OMC), bloques regionales (UE, TLCAN), gobiernos nacionales, el sector empresarial, los sindicatos y las ONG. Nuestra tarea consiste en analizar este nuevo sistema en dos niveles. En primer lugar, ¿cómo está funcionando el sistema en sí mismo y cómo puede mejorarse estructuralmente? Y, en segundo lugar, ¿cómo se comportan estos nuevos actores, teniendo en cuenta sus límites y posibilidades, tal y como los establece el sistema en el que operan?

Creo que existe un peligro real en suscribir la opinión de que la globalización y la integración económica son inevitables y están fuera del alcance de las personas reales que podrían influir en el cambio. Si hay algún mensaje en lo que hoy quiero transmitirles, es este: intentemos recuperar la posibilidad de elegir en este proceso. Intentemos ver dónde se pueden tomar decisiones y cómo se podrían poner en práctica para marcar una diferencia positiva a la hora de lograr la justicia en nuestro sistema económico mundial.