Este artículo apareció por primera vez en el blog blog de Ética y Asuntos Internacionales.
Hace cinco años, planteé una pregunta que sigue siendo pertinente hoy en día. Esta tarde, el presidente Joe Biden firmará órdenes ejecutivas para que Estados Unidos vuelva a adherirse a los acuerdos climáticos de París y para dar otros pasos que reviertan las medidas tomadas por su predecesor, que se basaban en el cálculo de "Estados Unidos primero". Sin embargo, mientras el nuevo presidente estudia cómo llevar a cabo una amplia agenda climática y medioambiental, él, la vicepresidenta Harris y todo su equipo tendrán que seguir lidiando con esta ecuación:
Si se pide a determinados Estados que asuman cargas "por el bien de todos" -renunciando al uso de una fuente de energía que podría dar a los ciudadanos de ese Estado un estilo de vida de clase media; y aceptando límites en sus opciones de política exterior para preservar un equilibrio regional-, entonces ¿qué demanda a cambio tiene que hacer ese Estado para ser compensado por otros que se benefician? ¿Y cómo se puede persuadir a los votantes de otros Estados para que acepten hacer esas contribuciones?
¿A quién se le debe? ¿Y quién debe hacer sacrificios? Son cuestiones tanto éticas como políticas.
En la campaña de 2016, tuvimos dos marcos éticos muy diferentes en juego:
El enfoque trumpiano/neoestfaliano tiende a buscar impactos inmediatos y clasificar los efectos en términos de costes y gastos. El Obama/"juego largo" busca beneficios sistémicos a largo plazo que pueden no ser evidentes de inmediato.
La administración Biden/Harris tendrá que lidiar con la"paradoja de la democracia":
Lo que obliga a los dirigentes a equilibrar dos conjuntos de requisitos contrapuestos y, en algunos casos, contradictorios: las obligaciones de mantener y mejorar el bienestar de la actual generación de ciudadanos nacionales, frente a las obligaciones para con las generaciones futuras y la humanidad en su conjunto.
Por último, este punto es tan cierto en enero de 2021 como lo era en julio de 2016: "Por lo tanto, el debate sobre la ética en los asuntos internacionales no puede divorciarse de la política y el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional". El modo en que la nueva Administración se organice y cree mecanismos para resolver las disputas entre reivindicaciones y perspectivas contrapuestas estará guiado, a su vez, por sus opciones éticas.