Hay que responsabilizar al sistema mundial de refugiados

El mundo se ha vuelto menos acogedor con los refugiados. En la actualidad, nos enfrentamos a un sistema de refugiados injusto y, en última instancia, insostenible, que aumenta el sufrimiento humano al tiempo que impone injustamente la carga de acoger refugiados a las naciones más pobres. La triste realidad es que las obligaciones unilaterales y voluntarias de Estados y actores individuales han demostrado su ineficacia a la hora de abordar la crisis mundial de refugiados.

Además de una serie de problemas sistémicos, la crisis de los refugiados también se ha visto exacerbada por ciertas facciones políticas y miembros de los medios de comunicación, que pretenden etiquetar a los refugiados como cargas para la sociedad. En Estados Unidos, el senador Tom Cotton ha afirmado que una creciente afluencia de refugiados pondría en peligro los puestos de trabajo estadounidenses y el año pasado el expresidente Donald Trump aprobó una Orden Ejecutiva que otorgaba a los gobernadores estatales el derecho a rechazar refugiados. Tanto el senador Cotton como el expresidente Trump no se dieron cuenta del beneficio económico de los refugiados. Sin embargo, el alcalde Robert Palmieri de Utica (Nueva York), apodada"la ciudad que ama a los refugiados", se ha erigido en defensor del poder económico de los refugiados en los municipios.

En este Día Mundial del Refugiado, es hora de ponerse a trabajar en favor de los más de 26 millones de refugiados y solicitantes de asilo que hay en todo el mundo. Para empezar, tenemos que abordar el desequilibrio actual entre países ricos y países más pobres aspirando a una distribución más equitativa de la protección de los refugiados.

Entonces, ¿cómo podemos conseguir un sistema de refugiados que comparta la responsabilidad de los refugiados de forma equitativa? ¿Qué aspecto tendrá? Para empezar, tenemos que asegurarnos de que la "proximidad" no siga siendo el principio casi exclusivo de la protección de los refugiados. Es hora de añadir "culpabilidad" y "capacidad" para garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad.

En primer lugar, la responsabilidad por proximidad malinterpreta la definición de responsabilidad compartida, como advirtió Peter Sutherland, ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Migración y el Desarrollo. Por ejemplo, los vecinos de Siria -Turquía, Líbano y Jordania- son en su inmensa mayoría lugares de refugio para los sirios que huyen de la devastadora guerra civil. A escala mundial, el mundo en desarrollo -relativamente pobre y escenario de muchos de los conflictos armados del planeta- acoge al 86% de los refugiados del mundo, sin una financiación internacional adecuada (en 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] informó de un déficit de financiación del 51%). Todos los Estados deben asumir responsabilidades adicionales, en particular para mantener la garantía fundamental de que los refugiados no serán expulsados a territorios en los que serán objeto de persecución, pero esa carga no debe recaer simplemente en los más cercanos a la crisis.

En segundo lugar, los culpables deben pagar indemnizaciones. Existen pruebas convincentes de que funcionarios gubernamentales (y asociados) de los países de origen han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y violado los derechos humanos internacionales al provocar la huida de un subconjunto de su población a otro Estado. En el caso de Siria, esto se confirmó incluso en un veredicto del Tribunal Regional Superior de Coblenza (Alemania). En marzo de 2021 se presentó en París otra denuncia notable, dirigida directamente contra altos cargos del gobierno sirio, incluido el propio Bashar al-Assad.

En consecuencia, los gobiernos culpables deben indemnizar a los perjudicados. De hecho, existen claros precedentes en el derecho internacional a favor de la compensación económica a los refugiados. Pero, ¿cómo se obtiene una compensación económica de un país de origen devastado por la guerra civil? En otras palabras, ¿cómo se podría obtener legalmente el dinero de Bashar al-Assad, su familia y sus asociados para ayudar a pagar a los refugiados sirios? Hemos identificado cuatro mecanismos para acceder a los activos de los responsables: i) congelación de activos a través de las sanciones del Consejo de Seguridad; ii) emprender acciones en los sistemas jurídicos nacionales (basándonos en el ejemplo mencionado de Alemania), así como congelar y distribuir fondos en el extranjero (véase, por ejemplo, la Ley Magnitsky de Estados Unidos, y las propuestas de los defensores en Canadá); iii) actuar a nivel de la Unión Europea (UE) en virtud del régimen de sanciones de derechos humanos adoptado en diciembre de 2020; y iv) celebrar acuerdos tripartitos, como entre Suiza, Nigeria y el Banco Mundial.

En tercer lugar, la responsabilidad por capacidad se basa en la idea de que las economías más ricas del mundo son capaces de influir significativamente en la reducción del número de refugiados en todo el mundo, y tienen la obligación moral de hacerlo. El preámbulo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 incluye un compromiso de "cooperación" internacional, independientemente de la culpa. Para encontrar una medida equitativa, la Convención Modelo sobre Movilidad Internacional (MIMC) ha calculado un ambicioso aunque modesto sistema de redistribución basado en cuatro criterios: población, PIB, desempleo y carga de refugiados en el pasado. El modelo MIMC se basa en acuerdos voluntarios de los Estados, lo que es políticamente factible. Al igual que ocurre con las emisiones de carbono, cada Estado fijará su propio nivel de responsabilidad. Además, el MIMC permite a los Estados elegir entre la financiación y el reasentamiento.

Es evidente que existe una opción viable para devolver la dignidad a muchos refugiados. Lo que hace falta no es sólo voluntad política, sino acción política. El Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, dijo que su reto a la comunidad internacional era"dejarlo sin trabajo". Fue un llamamiento a abordar las causas profundas de los conflictos en la guerra, el cambio climático y la violencia generalizada. Mientras tanto, debemos apoyar a los millones de personas que han huido de los conflictos.

Michael Doyle es catedrático de la Universidad de Columbia y Senior Fellow deCarnegie Council for Ethics in International Affairs, donde dirige la iniciativa Model International Mobility Convention.

Janine Prantl es candidata al LL.M. en la Columbia Law School y doctoranda en el Departamento de Derecho Internacional Público y Europeo de la Universidad de Innsbruck, Austria.

Mark James Wood es investigador en Carnegie Council for Ethics in International Affairs, donde trabaja en el Modelo de Convenio de Movilidad Internacional.